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sábado, 14 de abril de 2012

MUJERES PIDEN A LA FISCALÍA ACTUAR DE OFICIO EN CASO DE ACOSO SEXUAL Y POLÍTICO


LA PAZ, BOLIVIA (ANBOLIVIA / Erbol).- Las organizaciones femeninas pidieron a la Fiscalía General del Estado a emprender acciones de oficio ante el “acoso sexual hacia las mujeres por parte del alcalde cruceño Percy Fernández”, reflejados por los medios de comunicación.

La “Casa de la Mujer”, en Santa Cruz, impulsó acciones de denuncia ante las instancias correspondientes sobre las acciones reiteradas del Alcalde Fernández que vulneran los derechos humanos, la integridad, libertad y no discriminación, señala el manifiesto de la Coordinadora de la Mujer, que trabaja con más de una decena de organizaciones femeninas a nivel nacional.

Sin embargo, la denuncia fue rechazada porque las propias víctimas deben promover el proceso judicial para la investigación y sanción del burgomaestre cruceño, acuerdo a las normas del Estado. 

Por tanto, las organizaciones femeninas demandan que la Fiscalía General, entidad defensora de la sociedad ante los hechos delictivos, actué de oficio para iniciar el proceso de investigación a los hechos ocurridos.

La persistencia de acoso y violencia sexual contra las mujeres, su naturalización y la sistemática impunidad constituyen una alerta urgente de contar con un procedimiento adecuado para proteger con eficiencia la integridad, libertad, privacidad, dignidad y cuerpo de la mujer, agrega el documento.

Añade, que ante esta situación es fundamental que el nuevo Código de Procedimiento Penal, en etapa de elaboración, incorpore las demandas y propuestas de diferentes organizaciones femeninas para enfrentar la impunidad y la revictmización de las mujeres en los procesos judiciales.

Como parte de esta propuesta, subrayamos la necesidad que el nuevo Código de Procedimiento Penal elimine el requisito de que los delitos de violencia contra las mujeres sean procesados “a instancia de parte”; sino que más bien, dada su gravedad, deben ser de acción pública. Es decir, que estos delitos deben ser investigados, procesados y sancionados por acción del fiscal, sin la intervención obligatoria de las víctimas, concluye.

La Paz, 14 abril 2012 - J.C.

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